Entre 2007 y 2015, Danske Bank, la institución financiera más importante de Dinamarca, estuvo involucrada en el mayor esquema de lavado de dinero jamás perpetrado en Europa. En resumen, a través de dicho esquema más de EUR 200 billones de pagos de procedencia ilícita habrían pasado por las sucursales del banco en Estonia con el conocimiento de la alta administración del banco.
El escándalo salió a la luz pública en febrero del 2018 después de que varias investigaciones periodísticas dieron a conocer que la gravedad de la situación y el esquema era del conocimiento del consejo de administración del banco desde hace tiempo. Un reporte anónimo (whistle-blower report) habría alertado a los más altos ejecutivos del banco acerca de serias sospechas sobre un posible esquema de lavado de dinero en diciembre del 2013. Adicionalmente, en febrero del 2014 las conclusiones de una auditoría interna sobre el tema fueron presentadas y discutidas por los más altos ejecutivos del banco.
El exdirector general (CEO) de Danske Bank habría supervisado las sucursales en Estonia durante el periodo en que se llevaron a cabo las operaciones de lavado de dinero. A pesar de las múltiples señales de alerta que hubo desde comienzos del 2007 y las numerosas investigaciones realizadas por autoridades locales y regulatorias al respecto, fue hasta diciembre del 2015 cuando Danske Bank decidió cerrar las cuentas para no residentes en Estonia. Más tarde se revelaría que el banco continuamente mal informó a las autoridades locales. El banco está bajo investigación criminal en Dinamarca, Estonia y los Estados Unidos y se espera que se impongan sanciones y multas históricas. Al día de hoy ningún alto ejecutivo del banco ha rendido cuentas ante los inversionistas.
Deminor considera que los inversionistas fueron inducidos al error al menos desde febrero 2014 . Esto significa que los inversionistas tienen una causa de acción viable en contra del banco y sus ejecutivos por las pérdidas sufridas como resultado de las medidas correctivas que han sido impuestas desde febrero del 2018.
El 20 de febrero del 2020 Deminor presentó una demanda ante la corte de Lyngby (Dinamarca), en nombre de un grupo de 72 entidades legales que representan a su vez a 155 inversionistas institucionales perjudicados. Los inversionistas buscan la reparación del daño por la cantidad de DKK 2,6 billones por parte del exdirector general del banco. Danske Bank, sus auditores y los antiguos ejecutivos de la alta dirección del banco fueron notificados de la interposición de la demanda.
